Una comisión de la Eurocámara debate la «megaminería contaminante» de Galicia

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Embalse del río Eume, entre los concellos coruñeses de As Pontes y Monfero. EFE/Cabalar/Archivo

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) debatió este jueves la llamada «megaminería contaminante» de Galicia al examinar tres quejas sobre las explotaciones de Santa Comba y de San Finx, en La Coruña, y de las minas implicadas en el proyecto extractivo Alberta I, que afecta a municipios de Ourense y Pontevedra.

En la sesión, la presidenta de la comisión parlamentaria, la popular Dolors Montserrat, resolvió que cerraría las peticiones relativas a las minas de Santa Comba y de Alberta I, mientras que la de San Finx, sumida actualmente en un proceso judicial en España, se mantendría abierta para no interferir en la labor de los tribunales.

Tras el acuerdo de parlamentarios del Partido Popular Europeo (PPE) y del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), Montserrat anunció que también transmitiría este último caso a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) de la Eurocámara.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Las peticiones fueron presentadas por Xoán Evans, representante de la ONG ambientalista Fundación Montescola, quien consideró que las tres explotaciones tratadas en el pleno ilustran la «infracción sistémica» que ocurre en los proyectos mineros de Galicia por no efectuarse presuntamente las evaluaciones de impacto medioambiental.

 

Desde su organización, denunciaron la contaminación de la mina de estaño y tungsteno de Santa Comba, una vieja explotación cuya concesión se remonta a 1942 y que se reactivó este año, a pesar de que, según el peticionario, no cuente con los permisos ambientales necesarios y, por ello, esté supuestamente violando la legislación comunitaria.

En la segunda reclamación, Evans señaló la contaminación por metales pesados de la ría de Muros y Noia provocado por el drenaje de ácido procedente de la mina de estaño y wolframio de San Finx, que conllevaría, de acuerdo con la queja presentada, concentraciones de materiales contaminantes situadas por encima de los valores permitidos en aguas superficiales.

Evans advirtió de que el impacto medioambiental de esta mina afecta a un área de recolección de marisco que, en sus palabras, constituye el medio de subsistencia de más de 2.000 familias en la zona.

«En marzo de 2020 hubo un informe del Gobierno regional que decía que el proyecto no podía seguir sin una evaluación de impacto medioambiental. Este informe se ha ignorado absolutamente y se ha anunciado que la mina volverá a funcionar el año que viene sin evaluación, amenazando la vida y el ‘modus vivendi’ de muchas familias en la zona», denunció el relator.

El último caso alude al presunto fraccionamiento artificial del proyecto Alberta I en una sucesión de minas contiguas en cinco municipios gallegos, cuyas autorizaciones, sostuvo el peticionario, omitirían los efectos acumulativos del plan, al supuestamente pretender emitirse sin una evaluación de impacto ambiental.

En su exposición, Evans reprochó que el Gobierno de España presuntamente impidiera el acceso a información medioambiental y obstaculizara el acceso a ONG que buscaban vías de recurso legal. «Ha ignorado cientos de demandas de ciudadanos que pedían que el proyecto se sometiera a una evaluación de impacto medioambiental», recriminó.

Desde la Comisión Europea (CE), sin embargo, el representante de la Dirección General de Medio Ambiente (ENV) Daniel Fernández Gómez explicó que, tras analizar los proyectos referidos en las diferentes solicitudes, el Ejecutivo comunitario no observó ningún indicio de infracción a las obligaciones de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental.

En este sentido, respondió que determinar si un proyecto debe someterse a una evaluación de su impacto sobre el medio ambiente es una responsabilidad que corresponde a los Estados miembros mediante un estudio caso por caso o el establecimiento de umbrales, siempre que respeten los criterios establecidos en la directiva.

«La CE no ha apreciado indicios de infracción en estos casos y, por lo tanto, tampoco ha apreciado que exista ninguna infracción de tipo sistémico o estructural respecto a la aplicación de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental por parte del Reino de España en relación con este tipo de proyectos», concluyó.

Editado por Miriam Burgués