El conservadurismo frena la lucha contra la violencia machista en el Este

Instalación de zapatos rojos durante una manifestación contra todo tipo de violencia hacia las mujeres en el centro de Bruselas. EFE/STEPHANIE LECOCQ/Archivo

Viena (EuroEFE).- El Convenio de Estambul, el acuerdo paneuropeo de lucha contra la violencia machista, es rechazado en el Este de Europa por Gobiernos ultraconservadores, como el húngaro y el polaco, que consideran que «atenta contra la familia» y «normaliza la homosexualidad».

El tratado del Consejo de Europa fue un hito en la lucha contra la violencia contra las mujeres y el primero en fijar tanto normas vinculantes sobre el castigo a los agresores, sino también medidas preventivas y de protección para las víctimas.

«GUERRA CULTURAL»

Sin embargo, el tratado se ha convertido en un elemento polarizador en muchos países con Gobiernos conservadores, incluida Turquía, que este jueves abandonó el tratado que lleva el nombre de su mayor ciudad, Estambul, donde se adoptó en 2011.

Justo una década después, el convenio se ha convertido en un frente más de una «guerra cultural» entre una Europa Occidental más liberal y una Europa Central y Oriental con Gobiernos conservadores.

El convenio, que entró en vigor el 1 de agosto de 2014, ha sido firmado por 45 miembros del Consejo de Europa, todos menos Rusia y Azerbaiyán. Tras la salida de Turquía, 34 países lo han ratificado.

En la UE, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania y República Checa no lo han ratificado. Polonia lo hizo, pero el ultraconservador partido Ley y Justicia inició los trámites para abandonarlo tras llegar al poder.

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CONTRA LOS «VALORES FAMILIARES»

Estos países han rechazado el documento alegando que atenta contra los «valores familiares tradicionales» y difunde una «ideología de género», una de las disputas fundamentales.

En las poco más de 20 páginas del Convenio se menciona 25 veces la palabra género, que se define así: «los roles, comportamientos, actividades y atributos socialmente construidos que una sociedad determinada considera apropiados para mujeres y hombres».

También se define «violencia de género» como «la dirigida contra la mujer por ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada».

El texto destaca «la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres» y promueve su «empoderamiento» y erradicar los «prejuicios, costumbres, tradiciones» basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o en roles estereotipados.

Para los Gobiernos y partidos conservadores de Europa del Este, esa definición erosiona las distinciones tradicionales entre hombres y mujeres y «normalizan» la homosexualidad.

La palabra homosexualidad no aparece en el texto, pero sí que las víctimas no pueden ser discriminadas por ningún motivo, específicamente por «orientación sexual» o «identidad de género».

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POLONIA QUIERE RETIRARSE

El pasado 30 de marzo, el Parlamento polaco aprobó una ley llamada «Sí a la familia, no al género», que propone la retirada del Convenio de Estambul.
Varsovia afirma que el documento no respeta la religión católica.

El Gobierno ultraconservador polaco ha empleado la expresión «ideología LGTB» para referirse a las minorías sexuales y el presidente Andrzej Duda dijo el año pasado: «No son gente, son una ideología peor que el comunismo».

HUNGRÍA: «IDEOLOGÍAS DESTRUCTIVAS»

Hungría, ya con el ultranacionalista Viktor Orbán en el poder, firmó el documento en 2014, pero en 2020 el Parlamento se negó a ratificarlo después de que el Gobierno lo describiera como una herramienta para promocionar «ideologías de género destructivas».

El Gobierno de Orbán, que solo reconoce el «modelo de familia tradicional», la unión de un hombre y una mujer, prohibió en 2018 los estudios de género al considerarlos una «ideología marxista».

El Gobierno húngaro asegura que las leyes vigentes ya protegen contra la violencia doméstica, aunque las autoridades no recopilan de forma específica datos al respecto.

Según el registro que lleva la diputada independiente Bernadett Szél, en 2020 un total de 77 mujeres fueron asesinadas por sus parejas en Hungría, un país de 9,7 millones de habitantes. España, con 47 millones registró el año pasado 45 asesinatos machistas.

BULGARIA: ES INCONSTITUCIONAL

Bulgaria no ratificó el tratado después de que el Tribunal Constitucional considerase en 2018 que vulnera la Carta Magna, tras una campaña de las formaciones ultras entonces en la coalición de Gobierno. El rechazo fue respaldado por el opositor Partido Socialista.

La alta corte dictaminó que la definición de «género» de la convención «relativiza la frontera entre los dos sexos según lo determinado por la biología».

La Iglesia Ortodoxa Búlgara se mostró preocupada por «el futuro de la civilización cristiana» al imponer una visión de «un hombre sin Dios que sigue sus deseos y pasiones hasta el punto de que puede determinar su propio género».

ESLOVAQUIA: IDEOLOGÍA DE GÉNERO

La ratificación del Convenio está bloqueada en Eslovaquia después de que dos votaciones la pasada legislatura (2016-2020), cuando gobernaba el Partido Socialdemócrata, no obtuvieran respaldo suficiente.

El documento -suscrito por Eslovaquia en 2011- comparte, según los críticos, una «ideología de género» en la que conceptos tradicionales de hombre y mujer quedan difuminados.

REPÚBLICA CHECA: «CABALLO DE TROYA»

En la República Checa «la ratificación no se ha votado todavía porque algunos partidos dicen que es un caballo de Troya para romper el matrimonio tradicional», explica a Efe el analista Jiri Pehe, director de la Universidad Nueva York en Praga.

Pehe asegura que el documento ha sido «politizado» y se ha sacado de contexto para convertirse en «campo de batalla entre defensores de valores tradicionales y progresistas».

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Editado por Virginia Hebrero