Entra en vigor la ley que criminaliza la gestación subrogada forzosa en la UE

Entra en vigor la ley que criminaliza la gestación subrogada forzosa en la UE

Manifestación en contra de la gestación subrogada, en abril de 2023 frente al ministerio de Justicia en Madrid. EFE/ Sergio Pérez

Bruselas (EuroEFE).- La revisión de la directiva sobre la lucha contra la trata de personas, que convierte en delitos en toda la Unión Europea (UE) la explotación de la gestación subrogada, del matrimonio forzado y de las adopciones ilegales, ha entrado en vigor este domingo.

La actualización de la ley contiene «reglas más estrictas para combatir la trata de seres humanos», y los Estados miembros tienen de plazo hasta el 15 de julio de 2026 para trasponer las nuevas normas a la legislación nacional, señaló la Comisión Europea en un comunicado.

La anterior directiva sobre esta materia estaba en vigor desde 2011, pero los colegisladores de la UE (Parlamento Europeo y Estados miembros) lograron un acuerdo político para actualizarla el pasado enero.

Según la CE, las reglas revisadas proporcionarán a las autoridades policiales y judiciales «herramientas más sólidas para investigar y enjuiciar las nuevas formas de explotación, incluidas las que tienen lugar en línea«.

«La legislación nacional tendrá que clasificar como trata la explotación de la gestación subrogada, del matrimonio forzado y de la adopción ilegal«, subrayó Bruselas.

Hasta diez años de cárcel y sanciones para las empresas

Esos nuevos tipos de explotación -y el uso consciente de los servicios prestados por sus víctimas– serán castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, o de al menos diez años de prisión en caso de delitos agravados, según la legislación.

El acuerdo incluye una nueva agravante para tener en cuenta los efectos amplificadores de la difusión de material de explotación, como la difusión de contenidos visuales de carácter sexual que involucren a la víctima, a través de internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Las personas jurídicas, como las empresas, también se enfrentarán a sanciones más severas, es decir, la exclusión del acceso a la financiación pública y la retirada de permisos y autorizaciones para realizar actividades que hayan dado lugar a la comisión del delito.

Mayor intercambio de datos

Las normas revisadas garantizarán que todos los países de la UE «unan sus fuerzas y aborden los problemas emergentes de manera armonizada», de acuerdo con la CE.

«Los Estados miembros tendrán que designar coordinadores nacionales para la lucha contra la trata de personas y actualizar periódicamente sus planes de acción nacionales, reforzando así el papel de la red europea de coordinadores nacionales y ponentes sobre la trata de seres humanos», indicó Bruselas.

Los países, igualmente, tendrán que compartir cada año datos sobre la trata a través de Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.

La Comisión Europea resaltó que las formas de explotación «han evolucionado los últimos años, y el crimen ha adquirido cada vez más una dimensión en línea y ha diversificado sus medios y ganancias ilícitas».

De acuerdo con el Ejecutivo comunitario, el daño económico causado por la trata de personas en la UE se estima en 2.700 millones de euros al año.

La reforma partió de una propuesta de la Comisión Europea para actualizar la directiva europea de 2011 sobre prevención y lucha contra la trata de seres humanos, con el objetivo de incluir en ella el matrimonio forzado y la adopción ilegal.

El Parlamento Europeo logró incluir también en esa actualización el uso de las víctimas de trata como «vientres de alquiler», únicamente en el caso de que hayan sido coaccionadas o engañadas para ejercer esa gestación subrogada.

Editado por Lucía Leal