La Eurocámara pide reconocer el aborto como un derecho fundamental en la UE

La Eurocámara pide reconocer el aborto como un derecho fundamental en la UE

Manifestantes polacas el pasado 8 de marzo en una protesta en Varsovia de la organización 'Poland Women's Strike for abortion rights', pidiendo reformas que garanticen un acceso legal y seguro al aborto y a a píldora del día después en Polonia. EFE/EPA/ALBERT ZAWADA

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) urgió este jueves a los países de la Unión Europea a que incluyan en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE el derecho a un aborto seguro y legal, aunque es improbable que esa iniciativa salga adelante y consiga acabar con restricciones en Estados como Polonia o Malta.

La resolución salió adelante por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones, con el apoyo de los grupos socialdemócrata, liberal, verde, de la izquierda y con una fracción de los populares europeos, mientras que el resto de ese grupo se abstuvo o votó en contra y la ultraderecha y los conservadores expresaron su rechazo prácticamente frontal.

Entre los eurodiputados españoles, sólo el PP, Vox y dos de los siete eurodiputados de Ciudadanos votaron en contra de la propuesta, que ya se ha impulsado otros años.

El texto, no vinculante, pide a los Estados miembros de la UE que reformen los tratados de la UE para que la Carta de Derechos Fundamentales pase a incluir en su artículo 3 el derecho de toda persona «a la autonomía física y a un acceso libre, informado, pleno y universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a todos los servicios sanitarios conexos, incluido el acceso a un aborto seguro y legal, sin discriminación«.

La reforma de los tratados, sin embargo, requiere la unanimidad de los veintisiete países de la UE y es improbable que suceda para un asunto como el acceso a un aborto seguro y legal, ya que regularlo es una competencia de los Estados miembros y en cada uno de ellos se hace de forma diferente.

La Eurocámara, no obstante, incide en su resolución en que los derechos sexuales y reproductivos «son derechos humanos fundamentales que deben protegerse y mejorarse», al tiempo que condena «todos los intentos regresivos de restringir o eliminar» los derechos alcanzados hasta ahora o la intimidación a quienes trabajan para proteger este derecho.

El texto urge a los Gobiernos europeos, con menciones especiales a Polonia y Malta –donde este derecho está más restringido-, que garanticen el acceso a una atención al aborto segura, legal y gratuita, a servicios y material de asistencia sanitaria prenatal y materna, a la planificación familiar voluntaria, a métodos anticonceptivos, a servicios adaptados a los jóvenes, así como a la prevención, el tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin discriminación.

Los eurodiputados se declararon preocupados por los aumentos de la financiación a grupos contrarios al derecho a un aborto seguro y pidieron a la Comisión Europea que se asegure de que este dinero no viene de fondos europeos, al tiempo que, en el mismo sentido, se aumente el presupuesto público a programas y subvenciones activas en la defensa de este derecho.

Además, urgen a que se garantice el acceso a una educación sexual y sobre las relaciones integral, adaptada a cada edad, así como a métodos anticonceptivos de calidad y asesoramiento en materia de planificación familiar, y que se eliminen «las barreras jurídicas, financieras, sociales y prácticas» al aborto.

Esta misma semana, la Comisión Europea validó el registro de una iniciativa ciudadana europea titulada «Mi voz, mi decisión: por un aborto seguro y accesible«, cuyos organizadores tienen ahora que conseguir al menos un millón de firmas de apoyo procedentes de siete Estados miembros.

Si lo logran, la Comisión Europea estará obligada a reaccionar y, en el caso de no tomar medidas legislativas, explicar por qué.

Además, en septiembre pasado, catorce de los veintisiete países de la UE se comprometieron a garantizar el acceso al aborto «legal y seguro» y pidieron respetar el derecho de las mujeres y las niñas a tener pleno control y a decidir responsablemente sobre su sexualidad y su salud sexual y reproductiva.

Esa declaración, impulsada por la presidencia española del Consejo de la UE, la firmaron – además de España- Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia.

Editado por Lucía Leal


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