Bruselas niega un retraso en la posible suspensión de los fondos a Polonia y Hungría

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki (d), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban (i), en una imagen de archivo.

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki (d), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban (i), en una imagen de archivo. EFE / EPA / ANDRZEJ GRYGIEL

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea aseguró este miércoles que no está retrasando la aplicación de la condicionalidad de los fondos contra Polonia y Hungría por violaciones del Estado de derecho frente a las críticas esgrimidas por los eurodiputados.

El director general de Presupuesto del Ejecutivo comunitario, Gert-Jan Koopman, afirmó en una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Control Presupuestario que entiende las «preocupaciones» sobre la «velocidad» en la aplicación del reglamento, que está en vigor desde el pasado 1 de enero.

Sin embargo, garantizó que su equipo está «firmemente comprometido» con aplicar la condicionalidad, pero antes es necesario «tener el marco adecuado para dar todos los pasos necesarios».

«Cualquier caso que sea evaluado por la Comisión Europea y decidido por el Consejo (los Estados miembros) será supervisado por los tribunales, por eso la fase de preparación es esencial», justificó.

El Tribunal de Justicia de la UE debe fallar todavía sobre la legalidad de un instrumento de condicionalidad por los recursos que presentaron, precisamente, Budapest y Varsovia por entender que está dirigido específicamente contra los dos países.

Koopman defendió que el hecho de que el Ejecutivo comunitario ya haya mandado cartas de advertencia a ambas capitales y de que esté elaborando las directrices que servirán para aplicar el reglamento demuestran que se está «trabajando» en este asunto.

Añadió que Polonia y Hungría tienen un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea y éste finaliza en la cuarta semana de enero.

CRÍTICAS DE LOS EURODIPUTADOS

En la misma comparecencia, eurodiputados de la mayoría de grupos parlamentarios afearon tanto el retraso en aplicar la normativa como que Bruselas no haya accedido a enviarles versiones de estas cartas y las hayan tenido que obtener gracias a la prensa.

Sobre la sustancia del caso, la eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal ha criticado que, a pesar de que es «difícil» elaborar los casos y recopilar la información, un año después de la aprobación del reglamento «no se ha visto prácticamente ningún movimiento».

«Tenemos argumentos, motivos e información suficiente para actuar y poner en marcha el reglamento», reivindicó la socialista española.

Su postura fue la misma que defendieron los representantes del Partido Popular Europeo (PPE), el grupo liberal Renovar Europa, Los Verdes o La Izquierda, mientras que los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, en inglés) y la ultraderecha de Identidad y Democracia apoyaron esperar el fallo del tribunal de Luxemburgo.

«Hay que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia, el reglamento tiene que ser interpretado de manera profesional y eso sólo puede hacerlo el Tribunal de Justicia», arguyó el eurodiputado húngaro Andor Deli, del partido Fidesz que lidera el primer ministro de su país, Viktor Orban, para después acusar a aquellos que defienden la suspensión inmediata de fondos de pedirlo por «ideas políticas».

Editado por María Moya

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