Bruselas recuerda a España que revisará el cumplimiento de sus compromisos expresados en el plan de recuperación

Gentiloni

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en una imagen de archivo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este martes pronunciarse sobre el conflicto entre los dos partidos del Gobierno español, el PSOE y Unidas Podemos, a raíz de la reforma laboral, pero recordó que revisará si se han cumplido los compromisos asumidos en el plan de recuperación antes de aprobar nuevos desembolsos.

«La Comisión no comenta procesos en marcha que tienen lugar en los Estados miembros», declaró la portavoz de la CE Veerle Nuyts durante la rueda de prensa diaria de la institución.

No obstante, resaltó que el Ejecutivo comunitario presentará su análisis sobre si España ha cumplido los objetivos y metas asumidos en su plan de recuperación y necesarios para poder recibir un nuevo desembolso del fondo de reconstrucción.

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Bruselas comunicará esa evaluación dos meses después de que Madrid solicite la nueva entrega de dinero.

Para recibir los fondos de recuperación, cada país elabora un plan nacional con reformas e inversiones que se envía a Bruselas y que necesita el visto bueno tanto de la Comisión como del Consejo (los Estados miembros).

El documento de España ya recibió luz verde y por ese motivo se le concedió un primer adelanto de 9.000 millones de euros.

Aunque el primer desembolso se produce de manera automática tras la aprobación del plan por parte de la CE y del Consejo, para acceder al resto del dinero asignado a cada país es necesario cumplir de manera progresiva con los objetivos y metas asumidos.

En el caso de España, se comprometió a tener publicada la reforma laboral en el Boletín Oficial del Estado antes del próximo 31 de diciembre, pero los socios del Gobierno de coalición atraviesan una crisis a raíz de esa legislación.

El PSOE plantea cambiar la reforma laboral vigente para modernizar el mercado laboral por medio del diálogo social, mientras que Unidas Podemos exige que sea derogada completamente.

La ley actual es restrictiva de los derechos de los trabajadores en caso de despido y otras cuestiones.

«Presentaremos nuestra evaluación sobre si los objetivos y metas relevantes (…) se han cumplido de manera satisfactoria y haremos eso en un plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud del pago de un Estado miembro concreto», apuntó Nuyts.

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Editado por F.Heller