El Consejo de Estado de España avisó de la falta de control del decreto sobre los fondos europeos

Vista de un pleno en el Congreso de los Diputados de España. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid (EuroEFE).- El dictamen del Consejo de Estado de España sobre el decreto de los fondos europeos que la oposición ha tachado de “demoledor” tiene como común denominador su preocupación por la “eliminación o modulación de mecanismos de control” en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de “esenciales” por el máximo órgano consultivo, y a las que da gran relevancia, al advertir de que la Unión Europea (UE) desempeñará un “papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos” asignados bajo cobertura del decreto.

Son 140.000 millones de euros los que la UE pondrá a disposición de España hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia, de los que 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido.

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Así, explica que sus observaciones “con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.

Y ello porque, “sin duda, la observación más relevante se refiere a la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones”, según refleja el dictamen.

Porque, si bien admite que el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica “demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria”, ello, advierte, no debe conducir “a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria”.

También alerta de la supresión, con carácter general, de la autorización de la ministra de Hacienda, una práctica que “no parece aceptable”.

Justifica el Consejo de Estado sus puntualizaciones para “lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos”.

Y cita, como “especialmente relevantes”, las relativas “a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente” antes de resolver los procedimientos y fiscalizar los expedientes financiados con estos fondos

De hecho, no oculta su “severa crítica” porque el Gobierno no haya incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

“CORRECTA TRAMITACIÓN” DE LOS PROYECTOS

El dictamen reclama “una correcta tramitación de los proyectos normativos” para que sus medidas “estén debidamente justificadas y ponderadas”, y llama la atención por la “ausencia” de “toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control”.

Antes esto considera “esencial” dar una “explicación detallada” de las razones que sustentan esta flexibilización.

En la misma línea, ve conveniente “un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas”, toda vez que se “incumple” la exigencia de este impacto, que aunque resulte “difícil” de cuantificar en el actual contexto sí considera “importante” para “preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.

Otro aspecto que suscita reparos en el Consejo de Estado es que se califiquen como “modificaciones contractuales” las nuevas unidades incorporadas a los contratos de obras y solicita “reforzar los mecanismos de supervisión” de los proyectos de obras, todo ello contando “con plazos suficientemente amplios para realizar las evaluaciones ambientales con todas las garantías”.

Desde el punto de vista normativo, el dictamen hace notar que “hubiera sido deseable una mayor concreción del ámbito de aplicación” de los títulos competenciales.

Y reseña la problemática derivada de que el decreto contenga previsiones de aplicación exclusiva a la Administración General del Estado y al sector público estatal “y que, por tanto, no deben tener carácter básico”.

En todo caso, el máximo órgano consultivo manifiesta que “más allá de las concretas observaciones” formuladas en su informe, “el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable”.

Además, tratándose de una “oportunidad histórica para España”, afirma que es preciso que para que la gestión sea un éxito hay que mantener “un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos”.

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Editado por Miriam Burgués