El Gobierno español usará fondos europeos para activar este año los ERTE permanentes

Trabajadores de la suministradora de servicios telefónicos Icono Enterprise protestan este miércoles en la Gran Vía de Murcia. EFE/Juan Carlos Caval

Madrid (EuroEFE).- El Gobierno español usará fondos europeos para financiar un fondo tripartito -con aportaciones de Estado, empresas y trabajadores- que permita poner en marcha este mismo año dos nuevos “mecanismos de ajuste” que ayuden a proteger el empleo ante crisis puntuales o procesos más estructurales.

Así consta en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se indica que, tras el papel jugado por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en esta crisis de la covid-19, y sin perjuicio de seguir manteniendo y adaptando estos expedientes extraordinarios, “se elevará al diálogo social una tercera reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste”.

El objetivo, según consta en la ficha, es que la reforma para contar con estos nuevos ERTE permanentes esté cerrada este año ya que “no se prevén impedimentos que dificulten la aprobación y la implementación”.

Por un lado, en el documento se defiende “un sistema de estabilización económica que proporcione flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores”.

El Gobierno apunta que se usaría la “reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa” mientras se refuerza la inversión en formación de los trabajadores.

El objetivo, añaden, es “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock”.

Junto a este modelo de ERTE para crisis puntuales, se plantea otro tipo, denominado “sistema de apoyo a la recualificación”, para trabajadores en empresas y sectores en transición, es decir para hacer frente a “posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda”.

El documento también recoge el modelo de financiación para estos ERTE, que será vía un fondo tripartito, “cuyo funcionamiento será acordado mediante el diálogo social”.

En el primer caso, los ERTE para esas caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, el mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y las personas trabajadoras y de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE.

“Con el fin de reforzar el impacto estabilizador, se prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar la contribución adicional correspondiente al Estado”, añade.

En cuanto al nuevo mecanismo de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición dispondrá de una financiación mixta.

Las empresas o sectores afectados pagarán una parte del sueldo y el gasto en formación y recualificación de los trabajadores y el Estado completará el resto también con dinero europeo.

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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN CON LÍMITES

El componente 23, denominado “Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”, recoge también la revisión de las bonificaciones a la contratación para incentivar la empleabilidad estable de personas desempleadas.

Así, establece una serie de índices a aplicar en el caso de contratación de parados mediante contratos indefinidos y con un compromiso de mantenimiento de la plantilla.

No obstante, el Gobierno considera necesario establecer un límite máximo al porcentaje de gasto en políticas activas de empleo destinadas a estos incentivos, dado que “está muy extendida la práctica de utilizar bonificaciones para fomentar la creación de empleo indefinido”.

El Gobierno quiere tener operativa en 2022 esta reforma, que debe llevar de la mano una vinculación del ingreso mínimo vital (IMV) con el tránsito de la exclusión social al empleo.

Otra de las reformas tiene por objetivo la reestructuración de la protección por desempleo, algo que el Gobierno espera tener listo en 2022 aunando los diferentes tipos de subsidios en una nueva prestación, complementaria a la contributiva, que deberá coordinarse con el IMV.

Esta nueva prestación estará vinculada a cotizaciones previas, financiada con cargo al presupuesto de las prestaciones por desempleo, gestionada por el Servicio Público de Empleo (SEPE) y con una serie de requisitos en función de la carencia de renta, responsabilidades familiares y el compromiso de cumplimiento de un itinerario personalizado.

Su duración dependerá de la edad, circunstancias familiares y de la prestación previa agotada, y su cuantía estará determinada por el 80 % del IPREM, indicador de referencia para este tipo de percepciones.

Editado por Miriam Burgués