Polonia y Hungría llevan al TJUE el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos al respeto del Estado de derecho

El eurodiputado polaco Dominik Tarczynski habla durante el debate en el Parlamento Europeo sobre la aplicación del mecanismo de condicionalidad sobre el Presuùesto comunitario. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Cracovia (Polonia)/Budapest/Bruselas (EuroEFE).-  Hungría y Polonia recurrieron este jueves ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el nuevo mecanismo que condicionará el desembolso de fondos comunitarios a que se respete el Estado de derecho, lo que retrasará la aplicación de unas normas que podrían penalizarles.

Budapest y Varsovia, que tienen abiertos expedientes comunitarios por sus problemas con el Estado de Derecho, uno de los valores fundacionales de la UE, presentaron sendos recursos en los que piden que se anule este reglamento argumentando que infringe la legislación europea.

La Comisión Europea “está muy segura de la legalidad de la regulación”, pero esperará a conocer la sentencia de la corte antes de emprender cualquier acción bajo estas normas, que están en vigor desde el 1 de enero, según explicó el portavoz jefe de la institución, Eric Mamer.

La sentencia podría demorarse incluso un año, aunque existe la posibilidad de que el Tribunal tramite los recursos con el proceso acelerado, una opción que algunos eurodiputados ya han anunciado que solicitarán y que, de ser aceptada por los jueces, recortaría los tiempos.

Poco antes, la mayoría del Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que se aplique ya esa regulación que permite congelar fondos del presupuesto comunitario a los países que no respeten esos derechos.

Hungría y Polonia interponen acciones ante el TJUE contra el mecanismo de condicionalidad sobre el Estado de Derecho de los pagos de la UE”, escribió la Corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, en su perfil de Twitter.

POLONIA

Polonia anunció este jueves que ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por “incumplimiento de los Tratados europeos” en relación al mecanismo de condicionalidad sobre el Presupuesto comunitario,

La denuncia fue anunciada por el portavoz del Gobierno, Piotr Müller, quien dijo que ese tipo de mecanismos “interfieren con las competencias de los Estados miembros y violan la legislación de la Unión Europea”.

Este condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de Derecho y ahora el Gobierno polaco afirma en una carta al TJUE que la UE no tiene competencia para definir ese concepto ni para establecer las condiciones que evalúen su cumplimiento.

“Aunque el Estado de Derecho es un valor común de los Estados miembros, su contenido no puede ser moldeado por decisiones arbitrarias, sin respeto por las identidades nacionales y la diversidad de sus sistemas legales y tradiciones”, alegan las autoridades polacas en la carta.

HUNGRÍA

El mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de derecho es una legislación que daña el derecho comunitario, aseguró hoy la ministra húngara de Justicia, Judit Varga.

La ministra publicó un breve mensaje en Facebook después de que Hungría y Polonia presentaran acciones contra la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“No podemos dejar que una legislación que daña gravemente el derecho comunitario siga en vigor”, aseguró Varga.

En diciembre pasado, los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron el plan de reconstrucción para salir de la crisis del coronavirus, incluyendo un acuerdo con Hungría y Polonia para evitar un veto de esos países que rechazan vincular estas ayudas al cumplimiento del Estado de derecho.

“Dejemos que el sentido común gane de nuevo”, exclamó la ministra al recordar que el Gobierno húngaro, liderado por el primer ministro ultranacionlista Viktor Orbán, ya había adelantado que acudiría a ese recurso.

 

POLÉMICA DESDE EL PRINCIPIO

Hungría y Polonia bloquearon a finales del año pasado la aprobación del presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación pospandemia, casi dos billones de euros en total, por su rechazo a este mecanismo, que siempre han considerado políticamente motivado y dirigido contra ellos.

Este permite paralizar el desembolso de fondos comunitarios, de los que Budapest y Varsovia son importantes receptores, cuando se detecten violaciones de los principios del Estado de derecho – como la independencia judicial, la igualdad ante la ley o la separación de poderes- que afecten directamente al buen uso del dinero.

Para sortear el bloqueo, se aprobó una declaración política aclarando que la condicionalidad será “justa”, “imparcial” y no discriminatoria y, para garantizarlo, la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para implementar el mecanismo consultando con los Estados.

Si algún país recurría ante la justicia, como finalmente ha ocurrido, Bruselas tendría que esperar a conocer el veredicto antes de finalizar estas guías y empezar a aplicarlo.

 

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BRUSELAS ESPERARÁ AL TJUE

La demanda judicial aboca a un retraso en la aplicación de las normas puesto que la Comisión se ceñirá a lo pactado en diciembre: no finalizará sus directrices hasta que haya sentencia y “no prevé proponer medidas bajo la regulación antes de adoptarlas”, según confirmó el comisario de Presupustos Johannes Hahn hoy, poco antes de conocerse la acción judicial.

Hahn aseguró, sin embargo, que se estudiarán “todas las violaciones relevantes” que afecten a la gestión del presupuesto desde la entrada en vigor de la norma, el 1 de enero.

“No se perderá ningún caso”, insistió en un debate con el pleno de la Eurocámara en el que la gran mayoría de grupos políticos le reclamaron que empiece a aplicar ya la legislación y criticaron que se alarguen los plazos para elaborar unas directrices que ven innecesarias.

El comisario defendió que Bruselas está haciendo una preparación “cuidadosa” antes de utilizarlo para que las primeras acciones que se emprendan “tengan éxito” y no sean rechazadas por los tribunales, y recordó que esta no es la única herramienta para proteger el Estado de derecho.

De momento, sin embargo, el procedimiento del “artículo 7” que prevén los Tratados para ello, iniciado hace meses a Polonia y Hungría, no ha derivado en sanción alguna. EFE

EL PE PIDE A LA COMISIÓN APLICAR YA LA NUEVA REGULACIÓN

Poco antes, la mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) pidieron este jueves a la Comisión Europea (CE) que aplique ya la nueva regulación que permite congelar fondos del presupuesto comunitario a aquellos países de la Unión Europea (UE) que no respeten el Estado de derecho.

Los eurodiputados, que prevén aprobar una resolución sobre el tema en su pleno de finales de marzo, recordaron al Ejecutivo comunitario en un debate que la regulación entró en vigor el pasado 1 de enero y criticaron que quiera esperar para aplicarlo a elaborar directrices sobre su aplicación o a una eventual sentencia de la Justicia europea.

La UE aprobó en diciembre una regulación que permitirá suspender los desembolsos del presupuesto y el fondo de recuperación para aquellos Estados que no respeten principios como la independencia judicial, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

Hungría y Polonia, a quien la Comisión ha expedientado por sus problemas en este sentido, amenazaron con vetar los casi dos billones de euros del plan por su rechazo a este mecanismo, que consideran dirigido contra ellos.

Para sortear el bloqueo se aprobó una declaración aclarando que esta condicionalidad será “justa”, “imparcial” y no discriminatoria y la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para aplicar el mecanismo y a que, en caso de que algún país recurra el texto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), esperar a que este se pronuncie para finalizar estas directrices.

El Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa, los Verdes y la Izquierda Unitaria criticaron hoy este retraso en los plazos y pidieron empezar a utilizarlo.

El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Petri Savarmaa insistió en el debate en que la regulación no debería estar sujeta a ningunas directrices y subrayó que, si algún Estado recurre ante el TJUE, solicitarán que este se pronuncie con el proceso acelerado.

Por su parte, la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal incidió en que los eurodiputados “quieren saber qué habrá en estas directrices para tener la seguridad de que en ningún caso modificarán o interpretarán el reglamento acordado” y garantizar que es “eficaz y aplicable”.

Por el contrario, el grupo de los Conservadores y Reformistas y el de Identidad y Democracia, que agrupa a la extrema derecha, criticaron una regulación que consideran políticamente motivada.

“Este es un texto político que busca que Polonia y Hungría se ajusten a su visión progresista”, dijo el eurodiputado de Identidad y Democracia Jerome Rivier, quien consideró que la Eurocámara quiere “ejercer presión sobre gobiernos elegidos democráticamente”.

El comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, afirmó que están trabajando en unas directrices “sólidas” y “predecibles” para asegurar que el mecanismo sea “justo, transparente y proporcional”, confirmó que si algún Estado recurre al TJUE, lo que pueden hacer hasta el 15 de marzo, se esperará a la sentencia para finalizar las directrices y que no prevén tomar medidas hasta que estas sean aprobadas.

Hahn defendió que se perseguirán todas las violaciones cubiertas por la regulación, pero insistió en que “el uso de este instrumento debe prepararse con cuidado” para “asegurar que las primeras acciones que se emprendan tienen éxito”.

Respondió, además, a los eurodiputados que defendieron que se trata de una cuestión de “identidad nacional” que “no hay un Estado de derecho diseñado específicamente acorde con la nacionalidad”, sino un único “entendimiento” de lo que este significa, que es el recogido en la legislación de la UE.

Editado por Virginia Hebrero