La UE comienza su examen país por país del respeto del Estado de derecho

Reynders

Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, en una imagen de archivo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) comenzó este martes el examen del respeto al Estado de derecho en cada uno de los Estados miembros, un ejercicio nunca llevado a cabo antes que pretende frenar posibles tentaciones o derivas antidemocráticas.

En una videoconferencia, los ministros responsables de Asuntos Generales debatieron la situación en cinco países (Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca y Estonia), los primeros Estados miembros por orden alfabético, sobre la base del primer informe sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea a finales de septiembre.

La evaluación iniciada hoy, que no tiene precedentes en la UE, demuestra que la salvaguarda del Estado de derecho y las libertades y valores fundamentales, amenazados especialmente en países como Hungría y Polonia, se ha convertido en una de las mayores prioridades de los Veintisiete.

“Hoy hemos mantenido un debate muy intenso que cumplió con los objetivos: identificar los puntos donde hay margen de mejora, ver cómo hacerlo y eliminar malentendidos”, dijo en rueda de prensa al término de la videoconferencia el secretario de Estado para Asuntos Europeos alemán, Michel Roth, cuyo país preside la UE este semestre.

Por su parte, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, consideró que el paso dado hoy es un “hito” para la protección del Estado de derecho, difícil de imaginar “no hace tanto tiempo”.

Subrayó que estos debates se llevan a cabo de manera “preventiva” para ayudar a afrontar los retos y compartir buenas prácticas entre países.

VETO AL PRÓXIMO PRESUPUESTO PLURIANUAL

Polonia y Hungría no ven con buenos ojos esa fiscalización ni tampoco otra iniciativa que va en el mismo sentido: el nuevo mecanismo que permitirá suspender el desembolso de fondos europeos a los países que no respeten los principios del Estado de derecho.

Ambos países -gobernados por partidos ultranacionalistas- vetaron por ese motivo ayer el acuerdo sobre el presupuesto de la UE para 2021-2027.

“Hoy el mensaje es claro: por favor acepten este compromiso”, dijo el titular alemán, que advirtió de que en caso de no hacerlo habrá un retraso de la activación del Fondo de Recuperación tras la pandemia de coronavirus.

“La repercusión sería que fondos tan necesarios para paliar los efectos de la pandemia quedarían retenidos pese a la necesidad”, dijo Roth, que añadió que hay miles de millones previstos para Polonia y Hungría y que “sus ciudadanos merecen beneficiarse igual que los demás de la solidaridad de la UE”.

El responsable alemán indicó que en los próximos días se seguirá trabajando a nivel político para tratar de resolver esas diferencias.

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ANÁLISIS DEL ESTADO DE DERECHO

El diálogo político sobre el Estado de derecho se organizará en dos niveles: por un lado, una vez al año (en el segundo semestre) tendrá lugar un debate general sobre la evolución del Estado de derecho en la Unión Europea.

A la vez, cada seis meses la UE estudiará la situación en cinco países concretos, siguiendo el mismo orden alfabético.

En particular se analizarán aspectos como la independencia judicial, la libertad de prensa, el respeto a las minorías o la calidad democrática.

PRIMER INFORME SOBRE EL ESTADO DE DERECHO

La primera evaluación de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en la Unión Europea puso de manifiesto “retos” en buena parte de los países, que Bruselas quiere resolver con “diálogo”.

El primer informe sobre el Estado de derecho incluyó también una parte específica sobre las medidas de emergencia adoptadas por los países en el contexto de la crisis del coronavirus.

En particular, dejó claro que la independencia judicial está en peligro en Hungría y Polonia, aunque reconoció que “también quedan desafíos en algunos otros Estados miembros”, como Bulgaria, Rumanía, Croacia y Eslovaquia.

En el caso de España, el informe publicado en septiembre señaló a la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los “desafíos” más importantes, así como la relación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado.

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