La fiscalía europea, el órgano que vela por los intereses financieros de la UE

Vista de una bandera de la Unión Europea en una imagen de archivo. EFE/ Patrick Seeger

Redacción Internacional (EuroEFE).- La Fiscalía Europea consideró este miércoles que la decisión de la Fiscalía General del Estado española de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye «un desafío a la supremacía» del mismo.

La Fiscalía Europea considera que tiene una «competencia preferente» para investigar «todos los delitos relacionados» con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclama el caso para evitar «duplicidades».

Dice la fiscalía europea que renunciar, además, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su «mandato exclusivo» de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE «constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE».

Pero antes de este caso y en parte porque es un órgano de reciente creación, poco se sabía de la fiscalía europea y mucho menos cuáles son sus competencias. Este contrato de las mascarillas es el primer conflicto de competencias que surge entre la fiscalía española y la europea.

¿Qué es la fiscalía europea?

La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) es un órgano independiente aprobado en 2017 por el Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea (UE) y que empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 con el objetivo de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como fraude o corrupción.

Con sede en Luxemburgo, en la actualidad participan en ella veintidós Estados miembros de la Unión, entre ellos España. Desde su puesta en marcha la directora de la Fiscalía Europea es la jurista rumana Laura Kövesi, antigua fiscal anticorrupción en su país.

¿Qué competencias tiene?

El objetivo que los miembros de la UE persiguen con la Fiscalía Europea es corregir las limitaciones que las fronteras imponen a las autoridades de cada estado a la hora de investigar los delitos transnacionales y combatir el fraude contra las finanzas de la UE.

Para ello, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y para ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.

En concreto, la Fiscalía Europea realiza investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude por un importe superior a 10.000 euros en fondos de la UE o sobre casos de fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros.

¿Cuál es su composición?

La estructura de la Fiscalía Europea se articula en dos niveles, central y nacional. El primero está integrado por la fiscal general europea y el Colegio de Fiscales Europeos, del que junto a la fiscal general forman parte veintidós fiscales, uno por cada uno de los Estados miembros de la institución, que son elegidos entre una terna propuesta por cada Gobierno.

El nivel nacional lo constituyen los fiscales europeos delegados y las Salas Permanentes. Los fiscales europeos delegados, al menos dos por país y seleccionados por cada estado miembro, se encargan de investigar los delitos y ejercer la acción penal y actúan con total independencia de sus autoridades nacionales.

La Fiscalía Europea en España

María Concepción Sabadell, que fue responsable de la acusación del Ministerio Público en el caso Gürtel, es la representante de España en la Fiscalía Europea. Sabadell coordina a los siete fiscales europeos delegados seleccionados por España.

En junio de 2021 el Congreso aprobó la ley que adapta al ordenamiento jurídico español el reglamento europeo aprobado en 2017 por el que se creó la Fiscalía Europea, con el voto en contra del PP y Vox.

La ley sobre la Fiscalía Europea ha supuesto la primera introducción en el ordenamiento español de la figura del fiscal investigador en sustitución del juez, ampliamente difundida en Europa y que en España podría incluirse en la aún pendiente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El texto establece que la Audiencia Nacional será el tribunal encargado de juzgar los casos investigados por la Fiscalía Europea y que sus magistrados centrales de instrucción actuarán como jueces de garantías, dando su visto bueno a determinadas actuaciones de los fiscales en la fase de investigación, especialmente las que afecten a derechos fundamentales.

En cuanto a las cuestiones de competencia, esta ley establece en su artículo 9 que en caso de discrepancias entre la Fiscalía Europea y la fiscalía nacional sobre cuál es el ámbito de competencia de la investigación de un determinado delito, la decisión corresponde a la Fiscalía General del Estado.

Editado por Sandra Municio