Abogado del TJUE considera ilegales las multas que impone España por no informar de bienes en el extranjero

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Billetes de 10 euros, en una imagen de archivo. [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves contrarias al Derecho comunitario las multas fijas impuestas a los residentes fiscales en España por no cumplir o por cumplir extemporáneamente con la obligación de informar sobre sus bienes y derechos en el extranjero.

En el caso de cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016, la posibilidad de regularización de la que dispone la administración fiscal, independientemente de la fecha en que se hayan adquirido los activos, así como la de imponer una multa proporcional del 150 % si no se cumple con la obligación de informar también constituyen un incumplimiento de la legislación comunitaria, según el abogado danés Henrik Saugmandsgaard Øe.

España estableció en 2012 una normativa para luchar contra el fraude y la elusión fiscales en relación con activos situados fuera de su territorio.

Esta norma obliga a los residentes fiscales en España a declarar algunos de sus bienes y derechos situados en el extranjero mediante un formulario (modelo 720).

España al tribunal por los activos de los contribuyentes en el extranjero

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) decidió este jueves llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por imponer sanciones “desproporcionadas” a los contribuyentes que no notifican que tienen activos en otros países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. España exige que los contribuyentes residentes en su territorio notifiquen a Hacienda los activos que poseen en el extranjero, como propiedades, cuentas bancarias y activos financieros. El problema es que dichas sanciones, según la CE, son superiores a las impuestas por una infracción de carácter nacional.

Se trata de las cuentas abiertas en entidades financieras, de los títulos representativos del capital social y de otros elementos patrimoniales asimilados con arreglo a la normativa, así como de los bienes inmuebles.

El incumplimiento de esa obligación lleva aparejadas la calificación de los activos como ganancias patrimoniales no justificadas y su inclusión en la base imponible general, con independencia de la fecha de adquisición de los activos; la imposición de una multa proporcional del 150 % y la imposición de multas fijas.

La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra España, al estimar que esas tres consecuencias y sus condiciones de aplicación constituyen restricciones desproporcionadas que menoscaban, en particular, la libre circulación de capitales.

En sus conclusiones, el abogado considera que la normativa española constituye una restricción a los movimientos de capitales, puesto que puede disuadir a los residentes fiscales en España de invertir en otros Estados.

Sin embargo, añade que esa restricción puede estar justificada por los objetivos perseguidos de lucha contra el fraude y la evasión fiscales, de modo que la cuestión central es “la proporcionalidad” de la ley.

La Comisión alegaba que constituye una restricción desproporcionada el hecho de que no presentar o presentar extemporáneamente el modelo 720 conlleve que los activos objeto de dicho formulario sean calificados de ganancias patrimoniales no justificadas que no prescriben.

El abogado general especifica que la ausencia total de prescripción puede ser adecuada para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, pero también señala que no es necesaria cuando el intercambio automático y obligatorio de información tributaria entre los Estados miembros es suficiente para permitir a la Administración española efectuar los controles necesarios para liquidar correctamente el impuesto.

Las conclusiones indican que la Comisión ha demostrado de modo jurídicamente suficiente que la Administración tributaria española dispone de la información necesaria únicamente en relación con las cuentas bancarias abiertas a partir del 1 de enero de 2016.

En consecuencia, la ausencia total de prescripción resulta desproporcionada solo en esa categoría de activos.

Sobre la imposición automática de una multa pecuniaria fija del 150 % en caso de que no se presente o de que se presente extemporáneamente el formulario, el abogado apunta que la Comisión no ha aportado la prueba de que se aplique de manera automática y no graduable.

Añade que la multa que se impone al contribuyente en caso de ocultación de activos no le parece desproporcionada.

En contrapartida, el abogado considera que la aplicación de la multa es desproporcionada en caso de incumplir la obligación de información relativa a las nuevas cuentas bancarias, abiertas a partir de enero de 2016.

En cuanto a las multas fijas cuyo nivel es superior al de las sanciones previstas por el régimen sancionador general para infracciones similares, el abogado las ve “desproporcionadas” para todas las categorías de bienes.

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Editado por F.Heller