El TEDH condena a España por no investigar violencia policial y por un caso de libertad de expresión

Miles de personas participan en la marcha "Rodea el Congreso", en Madrid, convocada por la Coordinadora 25-S, para protestar por la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno el 29/10/2016. EFE/Kiko Huesca/archivo

Estrasburgo (Francia), (EuroEFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a España por no llevar a cabo una “investigación profunda y efectiva” de un caso de violencia policial y emitió otra condena por no proteger los derechos de dos condenados por criticar a una jueza.

CONDENA POR NO INVESTIGAR LA ACTUACIÓN POLICIAL EN UNA MANIFESTACIÓN

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este martes a España por no llevar a cabo una “investigación profunda y efectiva” de los golpes policiales que recibió en 2012 una manifestante de la concentración “Rodea el Congreso”, refugiada en un bar del madrileño barrio de Huertas.

La sentencia concluye que España vulneró el artículo 3 (Prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su aspecto procesal.

El fallo dictado obliga a España a indemnizar a la demandante con 1.000 euros por daños morales. En concepto de daños materiales, la Audiencia Nacional ya le había compensado con 750 euros.

La Corte Europea entiende que las autoridades españolas “han sido incapaces de identificar e interrogar a los policías implicados, y evaluar correctamente la proporcionalidad de sus acciones hacia la demandante”.

Recuerda que el juez de la Audiencia Nacional que acordó la indemnización consideró que la demandante “no debió haber sufrido esas lesiones, porque nada hace concluir que contribuyó a los actos violentos tras la manifestación”.

Esa indemnización, tras el rechazo del recurso de amparo por el Tribunal Constitucional, “no pudo reparar la falta de efectividad de las investigaciones de las autoridades sobre el carácter desproporcionado del uso de la fuerza”, dice el fallo.

Ghanima Julia López Martínez (nacida en 1986 y residente en Madrid) asistió con dos amigas el 29 de septiembre de 2012 a la manifestación “Rodea el Congreso” contra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno.

Una vez finalizada, hubo episodios de violencia entre manifestantes y fuerzas antidisturbios, y las tres mujeres se refugiaron en el bar La Brocense, en la calle Lope de Vega, a 400 metros de la Cámara Baja.

Tras el vuelco de contenedores en la calle por parte de personas no identificadas, los agentes entraron en el bar y “desalojaron por la fuerza a algunas personas”, entre ellas la demandante.

Tres semanas después, presentó una denuncia contra los agentes, junto al parte médico de lesiones por “herida en la cabeza que necesitó la colocación de una grapa en el cráneo, traumatismo craneal y múltiples contusiones”.

Además, presentó el nombre de tres testigos, mencionó un vídeo emitido en La Sexta y la matrícula del furgón policial aparcado delante del bar. La Fiscalía solicitó sobreseer el caso por falta de pruebas.

ESPAÑA NO PROTEGIÓ LOS DERECHOS DE CONDENADOS POR CRITICAR A UNA JUEZA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este martes a España por imponer multas para eludir la prisión a dos firmantes de una carta abierta en el Diario de Teruel, donde criticaron la sentencia de una jueza, y consideró que no se protegió su libertad de expresión.

El fallo, que fue apoyado por 5 votos contra 2, concluye que España vulneró el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (sobre el derecho a la libertad de expresión), por lo que tendrá que indemnizar a cada uno de ellos con 6.779 euros por daños materiales, 6.000 por daños morales y 3.341 euros por las costas.

Sergio Benítez e Ivo Aragón criticaron en su “carta al director” la resolución “parcial y falta de competencia” de una jueza que permitió la explotación de una mina en Aguilar del Alfambra (Teruel), y señalaron que no prestó atención a las “cuestiones técnicas”.

Además, la misiva decía: “Sra. Marcén, usted representa a un poder, pero no a la Justicia”.

La carta criticaba la sentencia de 2009 de la magistrada de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Teruel, que dio la razón a la empresa Watts Blake Bearner España S.A. para una explotación a cielo abierto de arcilla.

El escrito apoyaba la postura del Ayuntamiento, que alertó de las consecuencias medioambientales que podía ocasionar la concesión de la licencia.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo de los demandantes y avaló la condena por injurias graves.

La sentencia de la Corte europea entiende que la condena penal de los demandantes fue “una interferencia desproporcionada con su derecho a la libertad de expresión y no fue por tanto necesaria en una sociedad democrática”.

Añade que las acusaciones de los demandantes en su carta “fueron críticas que un juez puede esperar recibir en el desempeño de sus funciones, que no estaban completamente desprovistas de fundamentos de hecho”, es decir, meros “juicios de valor”.

Enmarca las críticas en el “debate de un asunto de interés público” y las compara con el rol de “watchdog” (vigilante) público de las ONG y la prensa.

La Sala Tercera del TEDH defiende que esas críticas “no debían considerarse como un ataque personal gratuito, sino como un comentario justo sobre un asunto”.

En el fallo, los dos jueces que votaron en contra, la jueza española, María Elósegui, y el chipriota, Georgios Serghides, firmaron una opinión disidente, en la que coinciden con el abogado del Estado en que “muchas afirmaciones tratadas como hechos en su carta abierta eran falsas”.

Consideran la carta un “ataque gratuito serio” contra la jueza, y aseguran que mencionar su nombre fue “patentemente ofensivo” y “afectó a la vida personal y familiar de la jueza en la mayor medida posible”.

Editado por Virginia Hebrero