Estrasburgo avala a España por el desahucio de una familia de la Cañada Real de Madrid

Varios activistas de la Coordinadora de Vivienda de Madrid se concentran en la madrileña Puerta del Sol para solicitar la paralización de los desahucios. EFE/Fernando Villar/archivo

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló este martes a España en un caso de doble desahucio y demolición de una vivienda de un matrimonio marroquí y sus dos hijos menores de edad en la Cañada Real Galiana de Madrid, en 2007 y 2011.

Abdelilah Ghailan, su esposa e hijos recurrieron a Estrasburgo e invocaron que España no protegió su derecho al respeto de la vida privada, familiar y del domicilio, que recoge el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia de la Sala Tercera de la Corte europea concluye que los demandantes “tuvieron una oportunidad efectiva de impugnar la proporcionalidad de la demolición antes de ejecutarse y no dieron una explicación satisfactoria de por qué no lo hicieron”.

El Tribunal de Estrasburgo señala que la familia “rechazó la ayuda de emergencia” de las autoridades y “no ha ofrecido ninguna información sobre su situación después de la demolición, en relación con su alojamiento”.

Los demandantes presentaron sin éxito dos solicitudes de vivienda social ante la Comunidad de Madrid.

Respecto a los dos menores, nacidos en 2004 y 2007, el fallo dice que “se respetó la solicitud del demandante de no autorizar la demolición de su hogar hasta que hubiera finalizado el curso escolar”.

El matrimonio marroquí “empezó a construir ilegalmente una casa” en la Cañada Real Galiana y la registró como su lugar de residencia en abril de 2005. Posteriormente, la Policía Municipal de Madrid denunció su construcción.

Los tribunales autorizaron en septiembre de 2007 la orden de demolición, que se ejecutó el 18 de octubre de 2007, con incidentes y varias personas heridas, incluidos agentes de policía.

Un mes después, la policía notificó que el demandante, que se dedicaba a la recogida de chatarra, estaba reconstruyendo la vivienda.

El Gobierno municipal de Madrid aprobó en febrero de 2009 la demolición de la casa reconstruida. Dos años después, el demandante presentó observaciones y argumentó que la demolición de 2007 había sido “ilegal, arbitraria y discriminatoria”.

El 6 de septiembre de 2011 se produjo, sin incidentes, el segundo desahucio y demolición, mientras los menores de 7 y 4 años dormían en casa de un pariente.

El Ayuntamiento de Madrid reclamó a los demandantes 10.766,97 euros en 2012 por el coste de sendas demoliciones.

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Editado por Virginia Hebrero