La Comisión Europea da el último paso antes de decidir si bloquea los fondos a Polonia y Hungría

Comisión Europea da el último paso para decidir si bloquea los fondos a Polonia y Hungría

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, (d) y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, (i) durante una rueda de prensa conjunta en una imagen de archivo. EFE/EPA/Andrzej Lange

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea dio este miércoles el último paso formal antes de decidir si suspende el desembolso de fondos a Polonia y Hungría por su deriva autoritaria a través del mecanismo de condicionalidad que fue avalado a mediados de febrero por el Tribunal de Justica de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, Bruselas publicó un documento de directrices en el que detalla cómo actuará en caso de que detecte que alguno de los Estados miembros ha violado los principios del Estado de derecho de forma que pueda afectar a los intereses financieros y al presupuesto del bloque comunitario.

Se trata del último paso que el Ejecutivo tenía previsto antes de decidir si envía las primeras notificaciones formales a Varsovia y Budapest, países a los que ya pidió información en 2021, por ejemplo, por los ataques a la independencia del sistema judicial.

Las directrices aprobadas por la Comisión Europea fijan las condiciones que desencadenan el inicio de cada procedimiento, la relación con otros instrumentos de protección del presupuesto de la UE, la necesidad de proporcionalidad de las medidas, el procedimiento de evaluación y la protección de los derechos de los beneficiarios finales de los fondos.

Así, Bruselas puntualizó en un comunicado que aplicará el mecanismo de condicionalidad «cuando tenga motivos razonables para considerar» que «en un Estado miembro se ha vulnerado al menos uno de los principios del Estado de Derecho», que son los de legalidad, seguridad jurídica, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo, tutela judicial efectiva, separación de poderes, no discriminación e igualdad ante la ley.

También actuará si la vulneración «afecta a situaciones o conductas de autoridades públicas o puede atribuirse a ellas, si son pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o para la protección de los intereses financieros de la Unión».

En tercer lugar, la Comisión Europea iniciará el procedimiento de congelación de fondos si la violación «afecta o amenaza con afectar gravemente a la buena gestión financiera del presupuesto de la UE o a la protección de los intereses financieros de la UE, tanto por lo que se refiere a los ingresos como a los gastos del presupuesto».

Sin embargo, antes de proponer la suspensión de desembolsos, las autoridades comunitarias evaluarán si la legislación comunitaria dispone de «otros procedimientos» que protejan «más eficazmente» el presupuesto comunitario, como el sistema de detección precoz, la interrupción de pagos o las correcciones financieras dentro del régimen de gestión compartida.

Una vez iniciado el proceso, las medidas propuestas por el Ejecutivo comunitario tendrán que ser «proporcionadas», es decir, deberán ser «adecuadas y necesarias» para abordar las deficiencias detectadas, para lo que «tendrá en cuenta la naturaleza, la duración, la gravedad y el alcance de la vulneración de los principios del Estado de Derecho».

Además, las directrices fijan los «principios metodológicos» que Bruselas tendrá que seguir para garantizar una evaluación «cualitativa exhaustiva» de cada caso de violación del Estado de derecho, teniendo «debidamente en cuenta las circunstancias y contextos específicos de cada Estado miembro».

Por último, y para proteger a los beneficiarios finales de los fondos, el mecanismo estipula que los Estados miembros a los que se aplique el procedimiento tendrán que seguir realizando los pagos correspondientes a los destinatarios, quienes podrán denunciar la situación si los países se niegan a cumplir esta obligación.

Editado por Sandra Municio

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