El TJUE falla que España discrimina a las empleadas de hogar por no tener paro

TJUE falla que España discrimina a empleadas de hogar por no tener paro

Una empleada del hogar realiza su trabajo en un domicilio de Madrid, en una fotografía de archivo. EFE/Dani Caballo

Madrid / Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que España contraviene la normativa comunitaria al excluir a los trabajadores del hogar, mayoritariamente mujeres, del derecho a la prestación por desempleo, una situación que afecta directamente a cerca de 400.000 personas.

La corte con sede en Luxemburgo ha argumentado que la normativa española contraviene el Derecho de la Unión ya que sitúa a las trabajadoras del hogar en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no está justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

De esta manera, el Tribunal se alinea con las conclusiones emitidas en septiembre pasado por un abogado general de la corte que subrayó que a la hora de regular el sistema de Seguridad Social y en particular las prestaciones por desempleo, los países de la UE deben respetar el principio de no discriminación por razón de sexo.

El caso hace referencia a la denuncia que presentó ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo una trabajadora del hogar, a quien la Tesorería General de la Seguridad Social denegó su solicitud de cotizar para recibir el paro.

Su empleador estaba dispuesto a abonar la cotización que solicitó la trabajadora, pero la Tesorería la rechazó porque la protección que confiere el sistema especial de seguridad social para empleados del hogar no comprende la protección por desempleo.

En España, y según los últimos datos correspondientes a enero, 378.805 personas cotizan en el régimen especial de empleados de hogar, la gran mayoría mujeres.

Los afiliados en este sistema especial, aprobado en 2011 y puesto en marcha en 2012, no cotizan por desempleo, ni para el Fogasa (fondo de garantía salarial) ni por formación profesional, por lo que tampoco tienen derecho a beneficiarse de estas contingencias.

CAMBIOS EN LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

«Ahora le toca al Gobierno dar el siguiente paso legislar y regularizar el derecho al desempleo eliminando toda discriminación por razón de género», ha señalado el abogado laboralista Javier de Cominges, del despacho Vento, que ha llevado el caso ante la justicia europea.

Los cambios pasarían por una reforma de la Ley General de la Seguridad Social y, previsiblemente, por modificaciones en las cotizaciones sociales correspondientes.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha señalado que aún no ha habido comunicación oficial de la sentencia y que cuando se mande «se estudiará y decidirá cómo procede».

El Ministerio de Trabajo ha apuntado que está analizando un fallo que «refuerza y permitirá acelerar la línea en la que ya está trabajando desde el principio».

Y detalla entre las medidas para avanzar la modificación del texto refundido de la Ley General de La Seguridad Social, en materia de desempleo, «que permitirá incorporar la prestación por desempleo para este colectivo».

En paralelo, recuerda, está tramitándose la ratificación del Convenio 189 de la OIT, sobre trabajadores domésticos.

CCOO y UGT han valorado el fallo y han urgido a corregir la discriminación que sufren las empleadas del hogar.

«Es tiempo de abordar esta cuestión de forma inmediata y corregir esta discriminación evidente», ha destacado CCOO, al tiempo que recuerdan que esta reivindicación ya estaba recogida en un compromiso incumplido de la reforma de la Seguridad Social de 2011 y en el convenio de la OIT sobre trabajadores domésticos que «los sucesivos gobiernos se han negado» a suscribir.

UGT ha reclamado que se aceleren los trámites para ratificar ese convenio de la OIT y ha instado al Gobierno a iniciar el proceso de diálogo social para atender al dictamen del TJUE.

PENSIONES POR INVALIDEZ

Por otra parte, la norma española que no permite combinar dos pensiones por invalidez cuando se solo se ha cotizado a un régimen de la seguridad social es contraria a la legislación europea ya que supone una desventaja más frecuente para las mujeres que para los hombres, lo cual es discriminatorio, según una abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La letrada se pronunció así a petición de un juzgado de Barcelona sobre el caso de una mujer que recurrió ante los tribunales después de que la Seguridad Social le denegase compatibilizar dos pensiones por invalidez total concedidas en 1999 y 2018, respectivamente.

La legislación española permite compatibilizar dos pensiones de este tipo solo cuando se ha cotizado a otro régimen además de al régimen general de la seguridad social, como el régimen especial de los trabajadores autónomos.

El juzgado barcelonés que debía juzgar el caso consideró que este enfoque llevaba a una discriminación indirecta por sexo, puesto que la proporción de hombres en el régimen especial para autónomos es mayor a la de mujeres (que es un 36,1 %), con lo que la compatibilidad de las dos pensiones es más fácil para los hombres.

En sus conclusiones, la abogada general del TJUE coincide con esta postura y cree que la norma española es contraria a la Directiva europea sobre igualdad de trato en la seguridad social, puesto que sitúa en desventaja a una proporción significativamente más alta de mujeres que de hombres.

Sin embargo, deja en manos del juzgado analizar las cifras concretas actualizadas para comprobar si efectivamente es así.

El Instituto Nacional de Seguridad Social y el Gobierno español argumentaron que las personas que han cotizado a más de un régimen se encuentran en situación diferente de las que solo han cotizado al general puesto que cubren por riesgos diferentes.

Pero a juicio de la letrada, no existe esta diferencia puesto que ambas personas precisan la misma protección social por los riesgos de enfermedad e invalidez.

A partir de ahí, señala que es el juzgado quien debe determinar si hay discriminación por sexo calculando si la proporción de mujeres que tienen diversas discapacidades y no pueden compatibilizar las pensiones es significativamente mayor que la de los hombres y probando además que esto no se debe a factores fortuitos, sino que ocurre de manera general.

Según los datos remitidos por el juzgado barcelonés al TJUE, dos de cada tres hombres con varias discapacidades podrá compatibilizar pensiones, mientras que solo una de cada dos mujeres podrá hacer lo propio.

Es decir, que la legislación española sitúa en desventaja a la mitad de las mujeres, pero solo a un tercio de los hombres.

Estas cifras revelan que la norma controvertida perjudica proporcionalmente a más mujeres que hombres y cabe concluir que, por tanto, las discrimina indirectamente, afirma la letrada.

No obstante, deja abierta la puerta a que el resultado sea otro si las cifras que se aporten ante el juzgado son distintas a las examinadas por el TJUE.

Las conclusiones del abogado general marcan, en la mayoría de los casos, la dirección que seguirá luego la corte en su sentencia.

Editado por Sandra Municio