El TJUE ve ilegal el modelo español para declarar bienes en el extranjero

TJUE declara ilegal el modelo 720 de España para declarar bienes en el extranjero

Vista de varias monedas de euro. EFE/Marc Mueller/Archivo

Bruselas / Madrid (EuroEFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró ilegal la legislación española que obliga a declarar a los residentes los bienes y derechos en el extranjero a través del llamado «modelo 720».

El tribunal considera que las sanciones y multas que impone ese modelo son «desproporcionadas» y menoscaban la libre circulación de capitales en la Unión Europea.

La corte europea dio así la razón a la Comisión Europea, que en 2019 recurrió a los tribunales comunitarios tras pedir a España modificar sin éxito una legislación que, a su juicio, impone sanciones “desproporcionadas» a quienes no hacen la declaración o la presentan fuera de tiempo.

En su sentencia, el TJUE considera que esta legislación va en contra del Derecho comunitario y que España ha incumplido con ella las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales, puesto que las sanciones previstas establecen una diferencia de trato entre los residentes en España en función de donde se localicen sus activos.

“Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados comunitarios, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales”, afirma la corte en un comunicado.

El Tribunal subraya además que la legislación va más allá de lo necesario para conseguir sus objetivos de lucha contra el fraude y la evasión fiscal al imponer medidas desproporcionadas en caso de incumplimiento.

La Corte también considera desproporcionadas las multas pecuniarias, que consisten en una sanción equivalente al 150 % del impuesto calculado sobre el valor de los bienes en el extranjero, que además puede acumularse con multas de cuantía fija por cada conjunto de datos que no se presenten.

El “tipo muy elevado” de esta multa y su acumulación con las cantidades fijas “puede dar lugar en muchos casos a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente supere el 100 % del valor de sus bienes o derechos extranjero” lo que “constituye un menoscabo desproporcionado de la libre circulación de capitales”.

Asimismo, las multas fijas tienen un importe muy elevado, que “no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en el contexto nacional” y “no está limitado”, argumenta el Tribunal.

España debe ahora atenerse con la mayor rapidez a la sentencia del TJUE, que es vinculante. De no hacerlo, la Comisión Europea puede volver a recurrir a la justicia y pedir que se le impongan sanciones pecuniarias.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que el TJUE no cuestiona el modelo, que seguirá en vigor, y aseguró que la intención del Ejecutivo es aprobar la modificación de la norma antes de que el 31 de marzo termine el plazo para presentar la declaración este ejercicio.

El Gobierno se servirá de alguna de las leyes actualmente en tramitación para introducir cambios en el plazo de prescripción y en el importe de las sanciones. Cada año se presentan unas 60.000 declaraciones y desde la puesta en marcha del modelo en 2013 se han declarado bienes por unos 225.200 millones de euros.

TJUE

¿EN QUÉ CONSISTE EL «MODELO 720» ANULADO POR EL TJUE?

La declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero o «modelo 720» de la Agencia Tributaria, declarado ilegal por el TJUE, se puso en marcha en los años de la crisis económica para combatir el fraude fiscal. ¿En qué consiste?

La obligación de presentar una declaración sobre los bienes en el extranjero se incluyó en la ley de lucha contra el fraude fiscal de 2012 con el objetivo de aflorar patrimonio oculto tras la amnistía fiscal, aunque el primer plazo para presentar el denominado «modelo 720» se situó en 2013.

Esta normativa obliga a los titulares de cuentas en entidades financieras, títulos, activos, valores, bienes inmuebles, monedas virtuales o seguros de vida valorados en más de 50.000 euros y con residencia en España a informar a la Agencia Tributaria.

También tienen que informar en ejercicios sucesivos si el patrimonio declarado se incrementa en más de 20.000 euros.

El incumplimiento de esta obligación está sujeta a multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos no comunicado o erróneo, con un mínimo de 10.000 euros, o, en caso de que la declaración se presente fuera de plazo, de 100 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500 euros.

Además, el incumplidor está sometido a fuertes penalizaciones (con multas de hasta el 150 % de la cuota de liquidación) en tanto que la renta descubierta será considerada como ganancia patrimonial injustificada, con lo que pasa a consignarse en el último ejercicio fiscal no prescrito.

La puesta en marcha de esta declaración informativa afloró más de 88.000 millones de euros en bienes en el extranjero el primer año, que se integraron a la base de la Agencia Tributaria para futuras comprobaciones.

OTROS PAÍSES EUROPEOS TAMBIÉN OBLIGAN A DECLARARLOS

La obligación de declarar los bienes en el exterior existe en otros países europeos como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido.

El fisco francés ha de estar informado de las cuentas bancarias en el exterior que tengan los residentes en Francia desde que se abren y hasta que se cierran, con multas de 1.500 euros por cada una no declarada y de hasta 10.000 euros si están en países con los que Francia no ha establecido una convención de asistencia administrativa.

Al igual que en España, los rendimientos obtenidos se incorporan en la declaración de la renta y los bienes inmuebles al impuesto sobre la fortuna inmobiliaria cuando sea el caso.

Los contribuyentes alemanes también están obligados a informar de cualquier tipo de ingreso obtenido en el extranjero, independientemente de que la tributación correspondiente deba producirse o no en Alemania, aunque por norma general se incluye en la declaración de la renta.

Las multas por rentas no declaradas ascienden al 10 % de los impuestos evadidos, cuando el total no supera los 100.000 euros, al 15 % para importes inferiores al millón y al 20 % si se sobrepasa este umbral.

Los residentes en Italia que posean bienes inmuebles o derechos sobre estos en el extranjero deben pagar anualmente un impuesto que se denomina IVIE, que entró en vigor en 2012 y cuyo tipo general es del 0,76 %.

La elusión de este gravamen comporta sanciones que oscilan entre el 3 % y el 15 % del valor del bien no declarado, aunque ascienden a entre el 6 % y el 30 % si la propiedad está ubicada en un país considerado paraíso fiscal.

El sistema fiscal británico impone tasas a los residentes en el Reino Unido sobre sus ingresos y ganancias en el extranjero, en tanto que las propiedades en otros países están también sujetas al impuesto de patrimonio.

Editado por Sandra Municio