La izquierda griega pone en aprietos al primer ministro por la tragedia de Larissa

La izquierda griega pone en aprietos al primer ministro por la tragedia de Larissa

La izquierda griega pone en aprietos al primer ministro por la tragedia de Larissa [EPA/EFE]

Atenas (Euractiv/EuroEFE).- La oposición griega de izquierdas, encabezada por el Partido Socialista Panhelénico (Pasok), mete la máxima presión al primer ministro heleno de centro-derecha (PPE), Kyriakos Mitsotakis.

Este martes el jefe del ejecutivo griego se enfrenta a una moción de censura presentada por el Pasok después de que se conocieran nuevas revelaciones de prensa según las cuales se habrían manipulado las grabaciones de las conversaciones entre los trabajadores del servicio ferroviario del país en la noche del accidente de tren que en 2023 costó la vida a 57 personas.

La iniciativa del Pasok fue respaldada por otros partidos de la oposición en el Parlamento.

El principal líder de la oposición, Syriza (Izquierda Unitaria), Stefanos Kasselakis, dio un paso más y exigió la dimisión de Mitsotakis y que se convoquen elecciones anticipadas con la presencia de «observadores internacionales».

Aunque el gobierno tiene una sólida mayoría y es probable que supere la votación, los analistas consideran que los tres días de debate de la iniciativa pondrán a prueba la unidad del ejecutivo conservador.

El año pasado, un tren de media distancia que circulaba entre Atenas y la ciudad septentrional de Tesalónica chocó a gran velocidad contra un convoy de carga a las afueras de la ciudad de Larisa, en el centro de Grecia, con un saldo de 57 fallecidos,  en su mayoría jóvenes estudiantes.

Desde entonces, la investigación avanza con lentitud, y los partidos de la oposición y los familiares de las víctimas acusan a Mitsotakis y al gobierno de intentar ocultar datos.

Los familiares de las víctimas han recogido hasta la fecha 1,3 millones de firmas para elevar una petición al Parlamento Europeo con el objetivo de que se haga toda la luz sobre el caso.

La petición pide a la UE que intervenga e investigue el accidente y exija responsabilidades penales a los políticos, protegidos por la inmunidad.

Los diputados de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo respaldaron la petición, y sugirieron que las instituciones de la UE sigan de cerca los avances de la investigación.

¿Un falso error humano?

El gobierno insiste en que no hay responsabilidad penal, sino sólo política de los ministros, alegando que los implicados dimitieron en su día.

Pero el diario To Vima sacó a la luz nuevas pruebas sobre el accidente, que provocaron un terremoto político en Atenas durante el fin de semana.

El informe de To Vima sugería que las conversaciones entre los trabajadores del tren la noche del accidente -que se hicieron públicas justo después del accidente- fueron «distorsionadas» para reforzar el argumento del «error humano».

El gobierno refutó el informe tachándolo de «fake news» (noticias falsas), pero hasta ahora no ha dado respuestas concretas sobre si tuvo acceso a los archivos de audio de las conversaciones de los trabajadores del tren.

Algunos funcionarios del gobierno también atacaron al grupo AlterEgoMedia – al que pertenece el diario – aludiendo a «intereses económicos organizados», lo que provocó la airada reacción del grupo mediático.

«Los medios de comunicación de AlterEgoMedia continuarán con persistencia, paciencia y competencia profesional operando en un contexto puramente ético, en contra de las prácticas gubernamentales que han llevado al país al puesto 107 del mundo en materia de libertad de prensa», declaró el grupo en un comunicado.

AlterEgoMedia fue el único grupo de medios de comunicación que se negó a aceptar fondos estatales proporcionados por el gobierno durante la pandemia de COVID-19.

La Fiscal de la UE, también en el punto de mira

Varios analistas han afirmado que el accidente se podría haber evitado si se hubiera ejecutado un contrato de 2014 para la reconstrucción y mejora del sistema de señalización y el telemando del ferrocarril Atenas-Salónica-Promachona.

El llamado «contrato 717» ha sido analizado por la fiscal jefe de la UE, Laura Kövesi, quien se ha lamentado de que las autoridades griegas están poniendo obstáculos a su investigación.

«Se nos impide encontrar la verdad y aplicar la justicia. Porque si se te prohíbe investigar, no puedes averiguar la verdad», dijo Kövesi.

Sus declaraciones provocaron la reacción del ministro de Sanidad, Adonis Georgiadis, que calificó su intervención de «inaceptable» y de ir más allá del límite de su papel institucional.

«Si hay un procedimiento, incluso para cuestionar su cargo, deberíamos hacerlo», dijo.

Contactada por Euractiv, la Fiscalía de la UE no hizo ningún comentario.

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Editado por Fernando Heller