El Reino Unido llevará a migrantes a Ruanda para combatir el tráfico ilegal

Reino Unido llevará migrantes Ruanda combatir tráfico ilegal

El primer ministro británico, Boris Johnson, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Londres / París (EuroEFE).- El Reino Unido trasladará a Ruanda a los solicitantes de asilo que crucen el Canal de la Mancha como parte de un nuevo y polémico plan destinado a combatir la inmigración ilegal y las bandas delictivas que explotan a las personas que buscan refugio.

El plan, que aún tiene que ser aprobado por el Parlamento, fue dado a conocer este jueves por el primer ministro, Boris Johnson, en un discurso en la localidad de Lydd, en el sureste de Inglaterra, antes de que la ministra de Interior, Priti Patel, firmara este jueves el acuerdo con las autoridades ruandesas en Kigali.

El político conservador defendió la necesidad de tomar medidas para combatir a los «viles traficantes de personas» que convierten las aguas del Canal de la Mancha en un «cementerio», si bien adelantó que este plan no entrará en vigor de forma inmediata.

La medida, criticada por los partidos de la oposición y las organizaciones no gubernamentales que ayudan a los refugiados, es parte del objetivo de Johnson de reformar el sistema de inmigración para recuperar el control de las fronteras tras el Brexit.

LA MARINA BRITÁNICA VIGILARÁ EL CANAL DE LA MANCHA

El primer ministro confirmó, además, que la Marina británica (Royal Navy) asumirá el control de las aguas territoriales del Canal, situado entre Francia e Inglaterra, para impedir que botes ilegales con refugiados hagan una peligrosa travesía y lleguen hasta las costas del sureste inglés.

Como parte de este control, habrá vigilancia aérea, personal militar, helicópteros y drones, a fin de enviar un «mensaje claro» a los traficantes de personas de que, si arriesgan la vida de los que buscan refugio, afrontan penas de prisión.

«Acepto que estas personas (los migrantes), sean 600 o 1.000, están en busca de una vida mejor, por las oportunidades que brinda el Reino Unido y la esperanza de un nuevo comienzo», dijo el jefe del Ejecutivo.

«Pero son estas esperanzas, estos sueños, los que han sido explotados. Estos viles traficantes de personas están abusando de los vulnerables y convirtiendo el Canal en un cementerio acuático, con hombres, mujeres y niños ahogándose en botes no aptos para navegar y/o asfixiándose en camiones refrigerados», subrayó.

«Así como el Brexit nos permitió recuperar el control de la inmigración legal al reemplazar la libre circulación (dentro de la Unión Europea) con nuestro sistema por puntos, también estamos recuperando el control de la inmigración ilegal, con un plan a largo plazo para el asilo en este país», indicó.

LOS TRÁMITES DE ASILO SE HARÁN EN RUANDA

En virtud del plan, los trámites de asilo se harán en Ruanda y el Reino Unido espera conceder a ese país, miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth, excolonias), unos 125 millones de libras (150 millones de euros) durante un periodo de prueba, que estaría destinado en principio a hombres solteros.

Según destacan los medios, el año pasado 28.526 solicitantes de asilo cruzaron el Canal en pequeños botes, un alza de 8.404 respecto a 2020, pero se estima que la cifra de este año supere los 30.000.

El programa ha sido criticado por los partidos de la oposición y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con refugiados, que lo califican de «cruel y mezquino», así como costoso.

CRÍTICAS DE LOS PARTIDOS Y DE LAS ONG

El Partido Laborista, primero de la oposición, consideró que se trata de un plan «inviable y poco ético», y acusó a Johnson de tratar de distraer la atención de la opinión pública tras ser multado por la Policía por violar las leyes del coronavirus.

 

El director de derechos de los refugiados de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI), Steve Valdez-Symonds, alertó del mal historial en materia de derechos humanos de Ruanda.

«Enviar personas a otro país, y más a uno con un historial de derechos humanos tan pésimo, para el ‘procesamiento’ de asilo es el colmo de la irresponsabilidad», afirmó el directivo en unas declaraciones que publican los medios locales.

Otro grupo de defensa de los refugiados, Refugee Action, también criticó el plan. Su director, Tim Naor Hilton, consideró que el Reino Unido debería haber aprendido del «horrible experimento de Australia», cuando envió refugiados a miles de kilómetros de distancia, a campamentos donde afrontaron abusos.

 

Se espera que este plan se incluya en el proyecto de ley sobre Nacionalidad y Fronteras que se tramita actualmente en el Parlamento británico, que hace mención de la creación de centros para procesar trámites de inmigración fuera de las fronteras británicas.

«UNA SEÑAL PREOCUPANTE»

Por su parte, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, consideró este jueves que el acuerdo sobre inmigrantes alcanzado entre el Reino Unido y Ruanda envía «una señal preocupante» sobre la protección de los derechos humanos de los solicitantes de asilo.

Mijatovic señaló en un comunicado que ese pacto supone una «externalización» que genera dudas acerca de la protección de los derechos humanos.

También consideró que implica que el Reino Unido, en la práctica, «buscar eludir la responsabilidad» de lo que en el fondo no es sino «una proporción muy pequeña» de quienes buscan protección internacional en todo el mundo.

La comisaria recalcó que los planes de Londres no abordan la situación de quienes están en Francia a la espera de poder zarpar hacia las costas británicas o de quienes tienen «aspiraciones legítimos para viajar al Reino Unido, por ejemplo por vínculos familiares».

Por ello, pidió a los parlamentarios británicos que, al analizar este acuerdo, garanticen que «no se produce un retroceso de las garantías a los derechos humanos en el sistema de asilo en el Reino Unido».

«Deben rechazar las propuestas que permitan deslocalizar» el acceso al asilo y que haya distinciones en el nivel de protección o del acceso a procedimientos legales «en función de cómo se haya llegado al país», urgió.

Editado por Miriam Burgués y Sandra Municio