La impunidad predomina en los abusos a migrantes en las fronteras de la UE

La impunidad predomina en los abusos a migrantes en las fronteras de la UE

Imagen de archivo de dos migrantes, cubiertos por mantas térmicas, que contemplan el mar tras tras su llegada a la isla de Lesbos, en octubre de 2015 en Grecia, uno de los países con más denuncias de abusos en las fronteras pendientes de juicio, según el informe de la FRA. EFE/Filip Singer

Viena (EuroEFE).- Malos tratos, abusos y omisión de rescate a migrantes: son algunas de las violaciones recurrentes de derechos humanos en las fronteras de la Unión Europea (UE), donde persiste una «sensación de impunidad» para los funcionarios responsables y graves deficiencias en la investigación de estos incidentes.

Así lo señaló este martes la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE en un informe, que destaca las «lagunas sistémicas y obstáculos» en las investigaciones sobre las denuncias de abusos y delitos perpetrados por agentes encargados de vigilar las fronteras extracomunitarias.

«Europa tiene el deber de tratar a todos en las fronteras de forma justa, respetuosa y en pleno cumplimiento de la legislación sobre derechos humanos», subrayó la directora de la FRA, Sirpa Rautio, en un comunicado.

El informe de la agencia con sede en Viena analiza 118 investigaciones disciplinarias realizadas entre 2020 y 2023 contra funcionarios fronterizos de 16 países, en áreas clave de llegada de migrantes, como los Balcanes o el Mediterráneo, entre ellos España.

Impunidad y pocas condenas

Los incidentes reportados incluyen violencia física, malos tratos, omisión de rescate a personas en peligro, despojo de sus ropas, robo o destrucción de sus bienes, separación forzada de familias y devoluciones en caliente de solicitantes de asilo.

Según la FRA, las víctimas rara vez denuncian los abusos debido a la desconfianza, el miedo a represalias o el desconocimiento de los procedimientos judiciales.

«Prevalece una sensación de impunidad. Muy pocos procedimientos judiciales nacionales conducen a condenas, especialmente si se compara con el número de informes creíbles sobre violaciones graves de derechos fundamentales», remarca el informe.

En el periodo estudiado se documentaron solo tres casos de condenas penales -dos en Hungría y uno en España-, a pesar de las numerosas quejas anuales contra la Agencia europea de la guardia de fronteras y costas (Frontex).

A fines de 2023, un total de 34 casos estaban pendientes de juicio o en fase de instrucción, de los cuales la mitad eran de Grecia, puntualiza.

Los datos también indican que solo un reducido número de procedimientos disciplinarios resultaron en sanciones, cuatro casos en Croacia y otros cuatro en Hungría.

Estas sanciones incluyeron amonestaciones, retrasos en la promoción de los agentes, multas y la terminación condicional del servicio.

Falta de independencia judicial

El documento también destaca un aumento en las denuncias presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), debido a la falta de investigaciones efectivas en países como Grecia, Croacia y Hungría.

La FRA atribuye esta situación a una falta de independencia en los procesos jurídicos, su duración excesiva y la escasa inclusión de las víctimas en ellos.

Investigar estos incidentes se complica aún más por la escasez de pruebas, sobre todo en zonas remotas o de baja visibilidad durante la noche.

Para abordar la situación, la agencia recomienda impulsar la formación sobre derechos fundamentales, políticas de tolerancia cero hacia conductas abusivas y la mejora de la transparencia mediante el uso de cámaras o etiquetas identificativas en la ropa de la guardia fronteriza.

Asimismo, aboga por la publicación de directrices claras para investigar los abusos, la participación de organismos independientes en estos procesos, y la publicación periódica de los procedimientos disciplinarios y penales.

La agencia recuerda también que la responsabilidad de procesar estas violaciones recae en los Estados miembros, quienes deben hacerlo conforme a la legislación europea, con el apoyo de la Comisión Europea.

El informe se basa en datos oficiales y de distintas organizaciones en España, Italia, Grecia, Francia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, también con información parcial de las autoridades de Estonia y Finlandia, según la FRA.

Editado por Lucía Leal


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