Amnistía Internacional pide medidas a la UE tras confirmar el espionaje a dirigentes catalanes

Amnistía Internacional pide medidas a la UE tras confirmar el espionaje a dirigentes catalanes

Jordi Cuixart (d) y Jordi Sánchez (i) saludan a simpatizantes congregados a las puertas del centro Penitenciario de Lledoners, en una imagen de archivo. EFE/Quique García /Archivo

Londres (EuroEFE).- Amnistía Internacional (AI) pidió este lunes medidas a la Unión Europea (UE) para «poner fin a los abusos cometidos con software de espionaje» tras verificar que decenas de políticos catalanes fueron atacados sobre todo con el sistema Pegasus del grupo tecnológico israelí NSO.

En un comunicado, AI critica que los Veintisiete «no están acabando con las violaciones desenfrenadas de derechos humanos cometidas con software espía» y asegura que ha podido verificar «de manera independiente» el uso de esos sistemas contra dirigentes independentistas, periodistas y otros miembros de la sociedad catalana, expuesto hoy por Citizen Lab.

Citizen Lab, un grupo de investigación con sede en Canadá, ha publicado este lunes su informe «Catalangate», realizado con organizaciones civiles de Cataluña, en el que identifica a 65 prominentes ciudadanos de la región española cuyos móviles fueron infiltrados principalmente entre 2017 y 2020 (aunque hay algún caso en 2015) con el software Pegasus y, en menor medida, con el también israelí Candiru, que solo se venden a gobiernos.

«El ‘hackeo’ cubre un amplio espectro de la sociedad civil catalana, desde académicos y activistas hasta organizaciones no gubernamentales (ONG). El Gobierno de Cataluña y los funcionarios electos también fueron atacados, desde los niveles más altos del Gobierno catalán hasta diputados del Parlamento Europeo, legisladores y su personal y familiares», dicen los investigadores.

«No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero la amplia evidencia circunstancial apunta al Gobierno español», concluye Citizen Lab.

Amnistía destaca en su nota que entre los objetivos confirmados (listados en la web del centro canadiense) se incluyen Elisenda Paluzie y Sònia Urpí García, de la Assemblea Nacional catalana, «una organización que busca la independencia política de Cataluña de España».

El teléfono de la periodista Meritxell Bonet también fue «hackeado» en junio de 2019, constata AI, que denuncia que «fue blanco en los últimos días de un caso en el Tribunal Supremo español contra su marido, Jordi Cuixart», expresidente de la asociación catalana Òmnium Cultural, que fue condenado por sedición.

El profesor universitario y activista catalán Jordi Sànchez fue espiado asimismo con Pegasus desde septiembre de 2015 hasta julio de 2020, dice AI, con sede en Londres.

«Su teléfono se comprometió con éxito con Pegasus el 13 de octubre de 2017, días antes de su detención por parte de las autoridades españolas por un cargo de ‘sedición», señala.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional España escribió al Gobierno español pidiéndole información sobre todos los contratos con empresas privadas de vigilancia digital, que no fue revelada.

Por su parte, la empresa NSO asegura que solo vende a los Gobiernos y que sus herramientas están pensadas para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

«El Gobierno español debe aclarar si es o no un cliente de NSO Group», declara en la nota Likhita Banerji, investigadora de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Banerji le pide además que investigue de manera «exhaustiva e independiente» el uso del software espía Pegasus contra los catalanes identificados en esta investigación».

Amnistía apunta que las revelaciones de Citizen Lab se producen en vísperas de que el martes se reúna por primera vez un Comité de investigación del Parlamento Europeo que debe analizar las infracciones de la ley comunitaria asociadas con el uso de Pegasus y software equivalente.

Banerji pide a este comité que «no deje piedra sin remover» para documentar las violaciones de los derechos humanos cometidas mediante estos programas invasivos en varios países y reclama que su uso y venta se detenga «temporalmente» para evitar nuevos abusos.

Las fechas del espionaje coinciden con los años más convulsos en Cataluña con motivo del referéndum de secesión que promovió el Ejecutivo catalán en octubre de 2017, y que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.

Editado por M.Moya