La Defensora del Pueblo investiga cien casos de puertas giratorias en la Comisión Europea

La defensora del pueblo de la UE, Emily O'Reilly, en una intervención ante la Eurocámara, en una foto de archivo. EPA/EFE [EFE-EPA]

Bruselas (EuroEFE).- La Defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly, informó este martes de que ha puesto en marcha una investigación sobre la manera en que la Comisión Europea (CE) ha abordado un centenar de casos de “puertas giratorias” entre su personal.

La investigación forma parte del seguimiento que esa institución hace sobre las obligaciones éticas del personal europeo que se pasa al sector privado, indicó en un comunicado.

En particular, la Defensora del Pueblo inspeccionará cien expedientes sobre peticiones de funcionarios de nivel superior o medio que quieren acceder a un nuevo empleo o piden una baja no remunerada para ejercer otra actividad.

Los casos afectan a 14 direcciones generales de la Comisión, además de a todos los gabinetes de comisarios, el servicio jurídico, la secretaría general, el ‘think tank’ interno y el comité de control reglamentario.

El objetivo del análisis es comprender mejor “cómo se toman esas decisiones en una serie de servicios de la Comisión”.

“Una gestión sólida de las ‘puertas giratorias’ es importante para mantener la confianza en las instituciones de la UE. Cualquier percepción de que las normas no se están aplicando correctamente corre el riesgo de crear dudas sobre si la administración de la UE actúa plenamente en el interés público”, indicó O’Reilly.

Añadió que cree que se subestima el impacto de unas “puertas giratorias” sin control.

“Debería haber más conciencia en la administración de la UE sobre la impresión que causa en el público cuando personas con experiencia en reglamentación se trasladan al sector privado, donde sus conocimientos y redes pueden tener un valor comercial y de otro tipo”, añadió.

Hasta la fecha, esta institución había llevado a cabo investigaciones relacionadas con las puertas giratorias en la Autoridad Bancaria Europea y en la Agencia Europea de Defensa.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo publicó hoy su informe anual 2020, que pone de relieve que las quejas relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas representaron el mayor porcentaje de las consultas (25 %).

El informe analiza cómo respondieron las instituciones de la UE a la crisis del COVID-19.

Entre otras conclusiones, señala que el Centro Europeo para el Control de Enfermedades no tiene poderes suficientes para llevar a cabo su mandato como debería.

Asimismo, el informe pide al Consejo (países de la UE) que mejore la transparencia de sus procedimientos para la toma de decisiones.

En 2021 la Defensora del Pueblo abrió consultas por las quejas sobre la falta de acceso público a los contratos de vacunas contra la covid firmados por la Comisión y de información sobre los Estados miembros que participan en la negociación de los contratos.

“Cuando golpea una crisis, la transparencia y la responsabilidad a menudo se sacrifican en favor de la conveniencia. Por lo tanto, es muy importante recordar a las administraciones públicas que continúen actuando de una manera que garantice la mayor confianza del público “, O’Reilly.

En 2020 también se realizaron investigaciones relacionadas con la toma de decisiones ambientales, así como sobre ética y derechos fundamentales y una investigación sobre la eficacia del mecanismo de quejas de Frontex.

Editado por Virginia Hebrero