Muchos quedamos atónitos la semana pasada al leer el editorial del Financial Times en el que se defendía y justificaba la amnistía pactada por Pedro Sánchez con los líderes independentistas catalanes. Dado el alcance de un medio como este y su influencia en la opinión pública internacional, es preciso refutar los argumentos incompletos e incluso falaces en los que se basa el editorial.
En primer lugar, respecto a la «judicialización» del conflicto en Cataluña. Como nos recuerdan Ziblatt y Levitsky en su libro Como mueren las democracias, necesitamos «barandillas» (guardrails) para encauzar nuestras democracias liberales. Esas barandillas garantizan que las mayorías, o las minorías muy movilizadas, no puedan imponer su voluntad sobre la de los demás. El principio liberal de protección de los derechos y libertades actúa como limitador de decisiones potencialmente autoritarias. En 2017, el poder judicial español no hizo más que actuar en defensa de los derechos de los ciudadanos catalanes y españoles, derechos que los responsables del procés quisieron arrebatarles. Acusar a los jueces de «judicializar» un conflicto político es como decir que acudir a los tribunales para proteger tus derechos frente a los abusos del poder es una «judicialización de las democracias».
Del mismo modo, se argumenta que Sánchez ha aliviado las tensiones en Cataluña al indultar a los líderes separatistas condenados por malversación y otros delitos, por utilizar dinero público para financiar sus actos ilegales. Si bien es cierto que el apoyo a la independencia ha disminuido, esta tendencia se inició tras el fracaso del referéndum y las acciones emprendidas para castigar a quienes, entre otras cosas, habían malversado fondos públicos para crear unilateralmente un nuevo Estado. Sin embargo, lo más preocupante es que la vida de más del 50% de los catalanes, los que se oponen a la independencia de España, no sólo no ha mejorado en los últimos años, sino que ha empeorado considerablemente.
Cataluña es un lugar en el que el gobierno autonómico sigue ignorando las sentencias judiciales que pretenden garantizar que los niños puedan recibir al menos el 25% de sus clases en castellano. En donde se pide a los niños que dejen de hablar castellano entre ellos en los recreos. Un lugar en el que la administración se niega a comunicarse con los ciudadanos en castellano a pesar de ser lengua oficial en Cataluña, y la televisión y la radio públicas, a pesar de financiarse con los impuestos de todos nosotros, comunican exclusivamente en catalán. Una región cuyo gobierno autonómico decidió vacunar a la policía nacional durante la pandemia más lentamente que el resto (sólo el 3,6% de los agentes recibieron la vacuna, frente al 77% de la policía autonómica). Donde se está pidiendo que la amnistía incluya a personas acusadas de corrupción y malversación de fondos públicos. Un lugar en el que miembros de mi partido han sido agredidos físicamente e insultados por expresar una opinión diferente o expresarse en castellano. Una autonomía cuyo gobierno entabló conversaciones con enviados de Putin para reconocer un Estado catalán independiente. En resumen, un sitio en el que los peores rasgos del populismo iliberal que criticamos en Hungría y Polonia han estado presentes durante los últimos 12 años, sin ninguna mejora a la vista. Supongo que para alguien que no tiene que vivir en estas circunstancias, es fácil afirmar que «las tensiones han disminuido».
En segundo lugar, el editorial sostiene que los separatistas han abandonado la vía unilateral y renunciado a celebrar otro referéndum ilegal. Nada más lejos de la realidad. En el acuerdo firmado la semana pasada entre el PSOE y Junts per Catalunya, los separatistas reiteran su intención de proponer un nuevo referéndum para decidir sobre el futuro político de Cataluña. Tanto Junts como ECR han dicho abiertamente que la amnistía es sólo un «punto de partida» para un nuevo impulso independentista, y no un nuevo comienzo dentro de España. En este sentido, cualquier comparación con la amnistía de 1977 es errónea. Aquello fue una medida dirigida a los que formaron parte de la dictadura y a los que se opusieron a ella como forma de allanar el camino a una España nueva y democrática. Extrapolarla a la situación actual en una democracia en la que existe la separación de poderes se podrá interpretar como que sublevarse contra el Estado de Derecho no tiene consecuencias y es una forma legítima se perseguir los objetivos políticos.
Además, esta amnistía también consagra el siguiente principio: que si necesitas los votos de alguien puedes hacer lo que te plazca, aunque vaya en contra de las bases del Estado de derecho. Sánchez, así como destacados miembros de su partido, llevan meses afirmando que «una amnistía sería inconstitucional e injusta». Ahora, parece que no sólo es constitucional, sino también «necesaria». ¿Acaso deberíamos aceptar, como nuevo fundamento de nuestras democracias liberales que un político tiene derecho a amnistiar a quienes han cometido delitos sólo porque necesita sus votos? ¿Qué editorial hubiese publicado el Financial Times si Nicola Sturgeon hubiera declarado la independencia unilateral de Escocia, llamado «colonizadores» a quienes votan a otros partidos, y suprimido los derechos de la oposición en Holyrood?
No podemos aceptar que esto sea la normalidad en una democracia liberal. Y, en consecuencia, nos oponemos a una ley de amnistía cuya única finalidad es la permanencia de Pedro Sánchez en el poder sin tener en cuenta las consecuencias. Una democracia liberal no puede construirse sobre el chantaje y la destrucción del Estado de derecho.
Eva-Maria POPTCHEVA, eurodiputada de Ciudadanos y miembro del grupo liberal europeo Renew Europe, es vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.